Publicado en Berria el 26/01
Pocos minutos antes de las tres de la tarde de ayer, el bloguero Tarek Shalaby escribía en una red social: "No hay manera de que los islamistas puedan contrarrestar a tanta gente. Esto es una manifestación, no una celebración". Exponía así la dualidad de los actos con los que cientos de miles de egipcios recordaron ayer el aniversario de la primera manifestación que, 18 días después, acabó con la figura de Hosni Mubarak trás 30 años de dictadura. Si bien los Hermanos Musulmanes tomaron el control de la plaza Tahrir desde la noche anterior con ánimo de celebrar, una decena de manifestaciones multitudinarias convergían en el epicentro revolucionario al filo de la tarde con el fin de protestar.
"Estamos muy contentos porque ahora podemos decir y hacer lo que queremos", decía ayer Ahmed Awad, hombre de negocios de 48 años que acudió a Tahrir desde la provincia de Sharquiya y concurrió en las recientes elecciones parlamentarias por el Partido Libertad y Justicia de los Hermanos Musulmanes. Awad y sus colegas eran de los que celebraban la jornada "por el gran cambio que ha supuesto para los Hermanos esta revolución. Antes perseguidos y ahora vencedores en las urnas". Sin añadir ninguna queja a la gestión militar, Awad achacaba a los felul -miembros del antiguo régimen- los problemas de los últimos meses y prometia que la responsabilidad de su partido es ahora "trabajar al servicio de Egipto".
No era ese el discurso de los jóvenes activistas, auténticos motores de la revolución y que con el paso de las horas se hicieron los dueños absolutos de Tahrir. La Coalición de Jóvenes Revolucionarios lanzó un comunicado en el que exigía con carácter immediato un traspaso de poderes, la justa retribución a las familias de los mártires, equilibrio en los actores que redacten la nueva constitución, justicia social, el fin de los tribunales militares, un sistema judicial independiente y la reforma de los medios de comunicación públicos. Sus cantos y protestas se resumían ayer con el 'yascut, yascut, hukma el askar -Abajo con el poder militar-.
Uno de los que estaban ayer en la plaza para protestar es Mahmud Samaha, de 70 años, quien paseaba con una gorra del partido Guardián de la Revolución, que fundó hace un año en Tahrir junto a otros ciudadanos pero no consiguió representación parlamentaria. "Hemos venido en recuerdo de las víctimas y porque la revolución no ha acabado", decía Samaha, que también recordaba que en el último año "nada ha mejorado porque no hay libertad ni justicia social".
Rami Mahmud, un jóven de 23 años que hace un año cumplía servicio militar en el Sinaí, también recordaba a las víctimas. Mahmud, "orgulloso de la etapa en el ejército", pedía la dimisión de los líderes militares "porque no son lo mismo que el glorioso ejército egipcio".
¿Fin de la ley de emergencia?
Entre tanto, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) movió ficha el día anterior al aniversario anunciando el fin de la ley de emergencia -vigente desde 1967 ,excepto 18 meses en 1980- y amnistiando a 1959 presos políticos juzgados en tribunales militares durante los últimos meses. Medidas ellas que, junto a un discurso de reverencia hacia las víctimas de la revolución, pretenden limpiar la imagen de una institución que ha perdido buena parte del respeto reverencial que tenía hace 12 meses.
Pero el final de la ley de emergencia proclamado por el mariscal Tantawi, líder de facto del país, contenía una cláusula. Tantawi dijo que se continuaría aplicando en casos de "baltageya" (vandalismo). El problema es que el ejército ha empezado a utilizar ese término para referirse a los activistas de Tahrir. Human Rights Watch ha comunicado que tal excepción "es una invitación para seguir abusando". Según la prestigiosa organización internacional, "los líderes militares han acusado frecuentemente a los manifestantes de vándalos y los tribunales militares han sentenciado a manifestantes pacíficos después de juicios injustos por el crimen de vandalismo".
Sea como sea, los cientos de miles de personas que ayer salieron a la calle suponen un desafío a la campaña iniciada por el consejo militar, que intenta desprestigiar a los manifestantes. En las últimas semanas, varios conocidos activistas han sido atacados por las calles del Cairo por grupos aparentemente organizados, compuestos, según los propios activistas, por criminales comunes a sueldo.
El ejército y los derechos humanos
"El 28 de enero de 2011, el ejército se desplegó para salvar la dictadura de Mubarak, pero una semana más tarde se dió cuenta de que era insalvable", explicaba Hisham Kassam la semana pasada en un encuentro con periodistas. El fundador del diario independiente 'Al Masry al Youm' y opositor empedernido "de cualquiera que tenga el poder" aseguraba que el Consejo Militar que sustituyó al eterno Hosni Mubarak al frente de Egipto "nunca tuvo un plan para dirigir el país". Más allá de la certeza de sus palabras, los últimos doce meses han estado marcados por la polémica y la frustración de los revolucionarios, que poco a poco se han ido desengañando de una institución que busca, ante todo, salvaguardar sus intereses.
"El último año ha sido deprimente, la situación en cuanto a Derechos Humanos está peor que durante la época de Hosni Mubarak", cuenta Mohamed Zaree, director del programa para Egipto del Centro de Estudios del Cairo de los Derechos Humanos. Las cosas empezaron a torcerse menos de un mes después de la caída de Mubarak, cuando los choques sectarios degeneraron en violencia en la provincia sureña de Qena, que se extendieron a Minia y continuaron en el popular barrio cairota de Imbaba, donde un supuesto ajuste de cuentas terminó con 12 muertos. "La gente se volvió intolerante", concluye Zaree. No hay resultados de las invesigaciones prometidas por los militares.
La mayor violación cometida durante esta época ha sido llevar a civiles a juicios militares. Amparados por la ley de emergencia, más de 13.000 civiles han pasado por tribunales castrenses, en su mayoría por mostrar su desparovación por la gestión militar de los asuntos públicos o por manifestarse. "Han sido más juicios militares que durante los 30 años de Mubarak", relata Zaree. Por ejemplo el del recientemente liberado Maikel Nabil, que fue de los primeros en decir que el ejército y el pueblo no eran uno. Los grupos de Derechos Humanos han declarado que el Consejo Militar nunca tuvo el mínimo respeto por la dignidad de Nabil.
Flagrantes han sido las violaciones durante tres mayores enfrentamientos que acabaron con cerca de un centenar de muertos y en los que el ejército participó directamente. En octubre reprimió una manifestación de cristianos frente al edificio de la televisión pública: "Fue una matanza", relata Mohamed Zaree, quien asegura que "no ha habido una investigación independiente" y que "sólo últimamente se ha juzgado a tres soldados por cometer erorres, pero al principio acusaron a un bloguero y a Mina Daniel, una de las víctimas". Lo mismo pasó en noviembre durante los enfrentamientos de la calle Mohamed Mahmud, con una policía "resentida", o en diciembre frente al edificio del consejo de ministros. Tras todos estos incidentes se acusó a una mano extranjera que "quiere desestabilizar el país" y se prometieron investigaciones, sin consecuencias para los altos rangos.
La campaña militar, que controla y censura los medios de comunicación, se basa en el descrédito a los revolucionarios frente a la 'mayoría silenciosa', que quiere estabilidad y se contenta con el proceso democrático. "El ejército lava el cerebro de sus soldados y les dice que la gente de Tahrir son unos traidores, que practican sexo en las calles y consumen drogas", relata Zaree. Sólo así se justifica la imagen de la chica que fue despojada de la parte de arriba de sus ropas y golpeada en el pecho mientras yacía en el suelo, indefensa. Así, también, se justificaron los tests de virginidad, porque las chicas dormían en Tahrir, junto a los hombres. Por eso, "algún militar ha llegado a decir que la gente de Tahrir tiene que ir a las cámaras de gas", explica Zaree.
Pero llegó el momento en el que la excusa de 'la mano extranjera que quiere desestabilizar el país' se materializó. A finales de diciembre, una operación policial degeneró en el registro de 17 oenegés, acusadas de recibir dinero del exterior. Pese a que el CECDH no fue una de ellas, Zaree cree que está en la lista. "La nueva ley matará a las oenegés y hará imposible trabajar en Derechos Humanos", cuenta Zaree, quien se cuestiona por qué a los islamistas no les dicen nada por recibir dinero del Golfo y el propio gobierno se escuda en el "proyecto de país" para justificar los 1.300 millones de dólares de ayuda directa que recibe anualmente de los Estados Unidos. "La campaña, que dice que los fondos extranjeros a oenegés quieren destruir el país, es política", concluye.
Para Mohamed Zaree tampoco ha habido ningún avance en los derechos de la mujer, "al contrario, el acoso sexual sigue ahí y el nuevo parlamento supone un reto para ellas" - sólo hay ocho mujeres en los 508 escaños-. Precisamente sobre el futuro, cuenta Zaree que "es impredecible, pero supone un reto para los grupos de derechos humanos, sobretodo para los derechos de las personas, ante la mayoría islamista en el Parlamento". En cualquier caso, esa ha sido la elección de los egipcios, que han elegido a los parlamentarios de una forma "aceptable", según el expresidente de los EE.UU., Jimmy Carter, cuyo centro monitoreó los comicios.
No hay comentarios:
Publicar un comentario